A partir del 2022, los países miembros de la Unión Europea podrán acogerse a la medida del IVA reducido en paneles solares, como de otros productos que aceleren a la transición energética y reduzcan las emisiones de C02.
La UE pretende modificar la directiva de los estados miembros para flexibilizar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) para reducir la carga de impuestos sobre productos que ayuden a la transformación verde y digital en Europa. Para ello,
Si España se decide por aplicar el IVA reducido en los paneles solares supondrá una medida más para potenciar el autoconsumo residencial, como lo son también, las ayudas del gobierno para las instalaciones de placas y baterías, descuentos en el IBI o la eliminación de la obligatoriedad del impuesto de obras.
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¿En qué consiste la Directiva del IVA reducido en paneles solares?
Con esta Directiva que plantea la UE, se pretende que los países miembros de la Unión Europea dispongan de la flexibilidad para decidir qué productos y bienes de lucha contra el cambio climático y apoyo a la digitalización pueden beneficiarse de impuestos del IVA reducidos.
Entre estos artículos se contempla la medida de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo residencial y en edificios públicos, por lo que España, tendrá la posibilidad de reducir el IVA en los paneles solares si así lo desea.
Los próximos trámites son que el texto definitivo pase al Parlamento Europeo para su consulta a más tardar antes del primer trimestre de 2022. Una vez la aprueben los Estados Miembros, la legislación se publicará en el Diario Oficial de la UE, y ya se podrá aplicar.
¿Por qué se modifica la Directiva del IVA reducido en paneles solares?
En 2018 la Comisión Europea propuso reformar los tipos de IVA debido a que estaban obsoletos. Las actuales normas vigentes sobre los tipos de IVA en la Unión Europea tienen una antigüedad de casi 30 años y se necesitaba con urgencia una modernización que se adaptara a los cambios generales del IVA.
Los socios modificaron la lista de aquellos bienes que pueden acogerse a un gravamen inferior al estándar, incluyendo por un lado aquellos que protegen la salud pública y benefician las transiciones verde y digital, y eliminando, por otro, los que son nocivos para el medio ambiente. Así, las tarifas reducidas podrán llegar a productos como los paneles solares instalados en viviendas privadas y fomentar el autoconsumo residencial.
¿Cuándo se aplicarán los cambios de la Directiva del IVA reducido?
Las normas actualizadas se enviarán al Parlamento Europeo para su consulta sobre el texto definitivo a más tardar en marzo de 2022. Una vez adoptada formalmente por los Estados miembros, la legislación entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que permitirá a los Estados miembros aplicar el nuevo sistema a partir de esa fecha.
Una medida hacia un futuro energético sostenible
En los próximos años, los Estados miembros deberán proseguir sus esfuerzos por garantizar una recuperación sostenible tras la pandemia e invertir intensamente en las transiciones ecológica y digital. Con el fin de proteger los ingresos públicos la legislación actualizada también especifica el nivel mínimo de los tipos reducidos, así como el número máximo de bienes y servicios del anexo III al que los Estados miembros pueden aplicar dichos tipos.
Asimismo, los países tendrán que dejar de aplicar en un plazo de 10 años un tipo reducido a productos y servicios que perjudiquen la transición verde, como los combustibles fósiles o determinados fertilizantes químicos.
Más ayudas al autoconsumo fotovoltaico
En este sentido, se ha puesto en marcha ayudas enfocadas al autoconsumo y almacenamiento, además de energías renovables térmicas para el sector residencial. Dichas ayudas se articularán a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector.
El programa de subvenciones al autoconsumo, está financiado con fondos europeos y cuenta con una dotación inicial de 660 millones de euros, ampliables hasta 1.320 millones, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta 2023.
